Guatemala (BIG) Pocos han sido los avances en el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado interno desde la creación del Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, en el 2003, especialmente en la reconstrucción del tejido social.  La falta de una metodología y voluntad política por parte del actual y los anteriores gobiernos han incidido en la carencia de programas para lograr el resarcimiento completo de dignificación de las víctimas, señalan activistas sociales.

La política gubernamental se ha enfocado en el resarcimiento económico sin tomar “en cuenta las propuestas de la sociedad civil” dice Ronald Solís, coordinador del área de Reconciliación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG.

Solís argumenta que la sociedad civil se encuentra aglutinada en la conformación de equipos forenses, asociaciones de víctimas e instituciones que velan por el acompañamiento psicosocial, pero aún falta establecer un sentido de nación. “Es responsabilidad del Estado rescatar lo que ya se ha construido políticamente”.

Parte del resarcimiento, según el activista de la ODHAG, es la aplicación de la justicia a los familiares de las víctimas y enumera varios aspectos.  Por ejemplo, se calcula que de 1,300 exhumaciones hechas, ni el uno por ciento se encuentra en los tribunales de justicia. Por otro lado, tampoco se ha dado seguimiento a los casos de violación sexual como elemento de tortura. No ha habido esfuerzos por localizar a los niños desaparecidos, ni de brindar asistencia a las personas discapacitadas.

El director del PNR, César Dávila, reconoce que en las administraciones pasadas fueron pocos los resultados alcanzados, pero no quiso entrar en detalles.  “Desconozco lo que pudo haber sucedido antes, lo importante es el esfuerzo que se está haciendo ahora por rescatar la integralidad”, expresa.

Un resarcimiento integral

Dávila afirma que el PNR busca recuperar el enfoque integral del resarcimiento con cinco componentes: restitución material; indemnización económica; reparación psicosocial y rehabilitación; dignificación de las víctimas y resarcimiento cultural.

La desclasificación de archivos militares entregando cuatro planes contrainsurgentes a los tribunales acatando el fallo de la Corte de Constitucionalidad, CC, es muestra de la voluntad del gobierno afirma Dávila. Paralelo a ello, las autoridades de la Secretaría de la Paz y del PNR entregaron al jefe del Ministerio Público, Amílcar Velásquez casi 4 mil expedientes con denuncias de violaciones de Derechos  Humanos y de delitos de lesa humanidad de 6 mil víctimas del Conflicto Armado, especialmente a niños, mujeres y ancianos.

Adicionalmente, como parte de la ayuda destinada a las víctimas que perdieron sus viviendas y otros enseres durante el desplazamiento forzoso a causa de la guerra, el PNR ha entregado 888 casas. Para el 2010 se tiene previsto invertir Q107 millones en construcción de 3 mil  viviendas a través del Fondo Nacional para la Paz.

Entre otras acciones también se pretende impulsar la ley nacional de resarcimiento y la construcción de museos de historia, para rescatar la memoria de las víctimas  en Quiché, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz.

Sin una base de datos

En la actualidad se desconoce la cantidad de víctimas que deben ser resarcidas.  Por ello, se estimó que el punto de partida podría ser el estipulado en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH. Ésta es una cauda aproximada de 200 mil muertos y desaparecidos y más de un millón de desplazados internos. “¿Cómo se puede valorar lo que hace falta, si no hay un registro de lo que se ha hecho?” expresa Solís.

No obstante, Rosalina Tuyuc quien estuvo al frente del PNR en el 2003, 2004 y 2007 y trabajó junto a Martín Arévalo en ese último año, afirma que mucha de la información que empezaron a recabar junto con las organizaciones de víctimas se perdió en el camino, con el presente cambio de administración. “Removieron a todo el personal y se perdió mucha información valiosa que había”, asegura.

Según Dávila actualmente se sigue trabajando en la conformación de esa base de datos junto con las organizaciones de víctimas.  Asegura que hay alrededor de 38 mil expedientes de solicitud de resarcimiento económico, de los cuales unos 27 mil se encuentran sin dictamen.

En la práctica no ha sido posible asistir a la totalidad de los afectados porque cada caso debe ser debidamente documentado y los trámites legales retrasan el proceso.  Muchas víctimas carecen de documentos porque las municipalidades fueron quemadas o simplemente, nunca fueron inscritas por sus padres.  En esos casos deben utilizar testimonios y eso representa más papeleo.

Esto se documenta en el libro  “Duelo, subjetividad y justicia en la experiencia de resarcimiento. El dinero no es la vida”, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (2009).

“Es como un doble dolor, tener que estar tratando de convencer a funcionarios del programa que son víctimas, si realmente pasó esto o no y eso les ha creado frustración y desesperación” documenta el texto. .

Baja ejecución

Durante el gobierno de Alfonso Portillo, luego de un largo proceso de negociaciones entre organizaciones de víctimas y gobierno, fue promulgado el Acuerdo Gubernativo 258-2003, que crea el PNR.  En abril de ese mismo año entró en funcionamiento bajo la dirigencia de Rosalina Tuyuc.

En el 2004, durante el gobierno de Óscar Berger, la entidad continuó presidida por Tuyuc.  En junio se le asignaron Q30 millones pero sólo se ejecutaron Q2 millones en gastos de funcionamiento.

En relación a la baja ejecución presupuestaria, Tuyuc asegura que se debe a la falta de voluntad política. “Se invirtió mucho esfuerzo y tiempo en elaborar un diagnóstico y los perfiles.  Pero fue por gusto porque no se daba credibilidad al aporte de las organizaciones de víctimas, al final hubo muchos cambios en la toma de decisiones por parte del gobierno”, explica la dirigente.

Solís comparte la opinión de que la rigurosidad de la contraloría terminó haciendo complejos los procesos de licitación. “Hubo muchas implicaciones políticas que terminaban favoreciendo otros proyectos. No era lo mismo licitar una obra de carreteras que sabe donde empieza y termina, que una exhumación, un estudio antropológico forense o un acompañamiento psicosocial”, asegura.

Del 2005 al 2007, estuvieron al frente del PNR Rafael Hernández, Martín Arévalo y de nuevo Tuyuc.  En ese período se dispuso de Q300 millones para ser ejecutados cada año a través de un fideicomiso. En ese período fueron beneficiadas económicamente 6,149 víctimas por un monto equivalente a más de Q124 millones.

En el 2008 con el cambio de gobierno el programa fue absorbido por el Estado.  Según Dávila, sólo en ese año se lograron resarcir alrededor de 10 mil 300 personas.

“Entre gastos de funcionamiento e inversión en los primeros cinco años se ejecutaron alrededor de Q270 millones. En el 2008 se logró lo conseguido con un 97 por ciento de ejecución del presupuesto.  Se calcula que este año va por lo mismo”, afirma Dávila.

En las administraciones pasadas la mayor cantidad asistencia se destinó a la ayuda económica. Se calcula que de 2004 a la fecha, unas  40 mil víctimas han sido resarcidas con una compensación económica de  Q23,760 cada una  (US$2,970).

Más que una compensación económica las víctimas del conflicto armado interno claman por justicia para castigar a los responsables.  “El dinero no puede compensar la cruel pérdida de padres, esposos, hijos e hijas que fueron secuestrados, torturados, desaparecidos y asesinados durante el conflicto” explica el libro de la ODHAG.

También hay discriminación

Los tratos humillantes y la discriminación étnica y de género dirigida a las mujeres indígenas, así como cobros ilegales son otros problemas recurrentes, asegura Tuyuc, actualmente presidenta de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Conavigua.

Hay casos de mujeres que han acudido hasta diez veces a iniciar el trámite del resarcimiento porque no son atendidas por los empleados. “Son tratadas mal por ser indígenas y se les recrimina por intentar hacer esa gestión. Hace falta una conciencia ética y de género por parte del personal del PNR y de la Secretaría de la Paz”, expresa Tuyuc.

Los cobros ilegales por parte de los líderes comunitarios también han sido denunciados por las víctimas que reciben asistencia de la organización.  “Las mujeres dicen que de cien en cien quetzales al final terminan pagando una gran suma de dinero por un trámite” refiere Tuyuc.

Manipulación política

La manipulación política por parte de los gobiernos de turno incluyendo el actual, ha existido también.  “Cuando el gobierno de Álvaro Colom convocó a la gente campesina para apoyar  al gobierno por el caso Rosenberg, muchos denunciaron que si no asistían no les iban a dar el resarcimiento”, asegura.

Sin embargo Rosalina Tuyuc también ha sido cuestionada por favorecer a su gente, al ser consultada responde que siempre ha habido rivalidades políticas.  “Cuando las mujeres se identifican que van de parte de Conavigua, se burlan de ellas y les dicen que entonces le pidan el resarcimiento a Rosalina”, asegura.

A criterio de Solís, si es que hubo algún tipo de favoritismo para promover la ayuda en tiempo de Tuyuc se debe a que es gente que estuvo involucrada en el movimiento social.

“Puede ser que así haya sido, pero no lo sobredimensionaría. Es más como un aspecto favorable, diría que contó con mucha mayor participación de la sociedad civil, que además daban información valiosa y que ayudaban a replantear el proceso”, asegura el activista de la ODHAG.

Denuncias en la PDH

La PDH le ha dado seguimiento a varias denuncias presentadas por representantes de organizaciones de víctimas del conflicto armado interno. En su mayoría, se relacionan al atraso en la entrega del resarcimiento, pues muchas de las víctimas son ancianos que mueren antes de recibir la ayuda solicitada.

Otra de las denuncias recurrentes se relaciona a que el proyecto  de viviendas está ocasionando división entre los habitantes, pues no entregan la totalidad requerida en las comunidades.

Al respecto, Dávila afirma que la ayuda no se destina a toda la población porque en base a las investigaciones se logra determinar que muchas de las solicitudes provienen de ex patrulleros.

Con la finalidad de darle seguimiento a estos casos y otro tipo de denuncias, desde abril se conformó una mesa de diálogo con representantes de la Comisión de Resarcimiento, el PNR, comités de víctimas y la PDH.

Las recomendaciones

Los activistas coinciden en que es necesario darle un carácter vinculante al tema de resarcimiento a través de la aprobación de un Decreto Legislativo, pues aunque existe una iniciativa en el Congreso, esta no ha sido aprobada por los diputados.

“Quisieron bajarle volumen al tema, quitarle la relevancia.  Una evidencia importante es que el PNR nace como un Acuerdo Gubernativo y no como una ley, no le han dado la suficiente importancia que debería tener” refiere Solís.

La voluntad política de los gobiernos es fundamental para promover proyectos a largo plazo. “Se necesita retomar la atención hacia las víctimas como un compromiso de Estado, más allá de las posiciones políticas e ideológicas”, refiere Tuyuc.

La PDH recomienda que sean las propias comunidades las que formulen un estudio inicial de diagnóstico y contexto que promueva la reparación integral, a manera de que supuestamente no sea el PNR el que unilateralmente tome las decisiones.

Se necesita que el resarcimiento se plantee como un tema de nación, conjuntamente entre el gobierno y la sociedad civil. “El problema es que se ven como adversarios y no como personas que están empujando en el mismo sentido”, concluye Solís. RG/er 1,877  palabras (BIG)[/hidepost]

Pies de foto
Foto 1.
El 25 de febrero de 2009 fue conmemorado “Día Nacional de la Dignificación de Víctimas”  en la Plaza de la Constitución, con una serie de actividades organizadas por la Secretaría de la Paz y el Programa Nacional de Resarcimiento. Foto Sepaz

Foto 2.
La conmemoración del  “Día Nacional de la Dignificación de Víctimas” de 2009, coincidió con el Décimo Aniversario de la Entrega del Informe de la CEH. Los afectados no olvidan su pérdida y esperan justicia. Foto Sepaz

Foto 3
César Dávila del Programa Nacional de Resarcimiento hizo entrega de 3,385 expedientes de violaciones a derechos humanos al Fiscal General, José Amílcar Velásquez Zarate, el 30 de enero de 2009. Foto Sepaz